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Corría el siglo XVI y el proyecto ya estaba pululando en forma teórica en algunas de las grandes mentes del reino. Pero no sería hasta 1775, con Carlos III como rey, cuando los estudios previos para realizar una mega construcción hidráulica de más de 150 kilómetros de longitud, entrarían en el terreno de la práctica. Se trataba de un canal navegable que pretendía conectar las cabeceras de los ríos Castril y Guardal con los campos murcianos, que más tarde llevaría el nombre del monarca que lo auspició, Carlos III. Es el proyecto hidráulico más ambicioso y monumental que se ha planteado en el Norte de Granada y que, además de resultar fallido, provocó más de una molestia y algún enfrentamiento en la comarca granadina de Huéscar, ya que sus campos, aguas, bosques y suministros fueron 'intervenidos' debido al proyecto.
Así lo explica una investigación de Julián Pablo Díaz López dentro del programa de investigación de la Universidad de Sevilla llamado Encrucijada de mundos: Identidad, imagen y patrimonio de Andalucía en los tiempos modernos. Un texto donde se recogen estos hechos y, además, se cuenta con documentos de la época tanto relacionados con la obra del canal como con los testimonios de los responsables del concejo afectado por el mega proyecto del que hoy aún se pueden ver vestigios de su grandiosidad como el Puente de Las Ánimas o el acueducto sobre el Arroyo de Raigadas.
Las obras comenzaron en 1777 en Huéscar y continuaron hasta 1780. Antes de esa fecha, Carlos III creó una compañía concesionaria por Real Cédula en 1775, explica el artículo de investigación. Es importante este detalle ya que, además de los objetivos del proyecto que incluían "la comunicación de Andalucía con la costa mediterránea, permitiendo la navegación; la puesta en regadío de más de 300.000 fanegas en el campo de Lorca y Cartagena", también contemplaban "la consecución de beneficios por la compañía adjudicataria a través de la venta del agua". Como se verá más adelante, este hecho, además de las obras en sí, afectaba directamente al modo y sustento de vida de los habitantes de Huéscar.
Así las cosas, la comarca de Granada no salía bien parada, la obra incluía el 'expolio' de sus fuentes de economía natural y sus recursos e, incluso, una 'invasión' de soldados y obreros que pasarían a tener que ser hospedados y alimentados, levantando el resquemor de los dirigentes de la zona que veían mermadas sus propias despensas y suministros.
Tal como explica el texto de la investigación, en Huéscar se vivía del bosque, del agua y del pastoreo. Y, las dimensiones y actuaciones del proyecto topaban de frente con la economía del lugar. "La Real Cédula de concesión ya autorizaba a la compañía para que cortase toda la madera que necesitase. Así, en julio de 1777 se cortaron 660 pinos que no se pagaron al caudal de Propios, según la protesta de un regidor del concejo", cita Díaz López que, por otro lado, agrega que también se 'expoliaban' las aguas de la comarca ya que "se añadirían al canal las aguas de todas las fuentes y acequias que atravesaba, con la manifiesta desorganización de la estructura tradicional de las comunidades de regantes".
No obstante, por parte de la concesionaria aseguraban que esto sucedería solamente durante un tiempo ya que "después de la conclusión de los trabajos se mantendrían los caudales".
En torno al agua, precisamente, concreta, se encontraban los grandes problemas entre el cabildo y las autoridades del canal debido a que se necesitó mucho líquido elemento tanto para la obra como a consecuencia de "las roturas que se produjeron en los cauces durante las mismas". No menos dañino para las gentes de la comarca fue la expresa prohibición en el proyecto de que "los ganados abrevasen en el canal o en sus derivaciones, con lo que atacaban la principal fuente de riqueza de la comarca, la ganadería ovina; pero, además, la puesta en cultivo de nuevas tierras o únicamente las obras del canal rompían importantes superficies tradicionalmente dedicadas a pastizales".
"Es insufrible seguir suministrando las raciones", llegaron a reflejar en las actas en Huéscar referentes al abastecimiento de los soldados, presos que trabajan en el proyecto así como los animales de carga. Pese a ello, los suministros siguieron en marcha así como "la cesión de uso de algunos edificios propios del concejo, como algunas casas de la ciudad para el alojamiento de la tropa en los primeros días del trabajo y de una construcción en el paraje de los Corralazos, habilitada como oficina de la compañía; o la utilización de la cueva de los Siete Pilares como cárcel para el alojamiento de los presos". Pero pese a las significativas molestias y "después de algún alegato o protesta, siempre se hallaba una colaboración manifiesta y más o menos desinteresada".
La obra finalizó en 1780, apenas tres años después de que comenzase y las causas bailaron entre los problemas técnicos y la financiación, que fue imposible conseguir, cuenta el artículo que sustenta la afirmación diciendo que "tanto los ingenieros que estudiaron el proyecto al inicio de su realización, como los autores que, de alguna u otra forma, se han acercado a su estudio después, consideran que era técnicamente inviable" fundamentalmente por las nivelaciones del terreno que no se calcularon con exactitud en el estudio previo.
En cuanto a los problemas de financiación, "resultó imposible reunir los 60 millones de reales que la Real Cédula de 1774 exigía a Pradez para emprender la obra", explica. Por último, el autor vuelve a los habitantes de Huéscar y explica que para ellos esta historia tuvo una doble consecuencia: "el mantenimiento de un sistema tradicional de riegos, y como consecuencia, un «triunfo» de la pequeña hidráulica; así como la conservación hasta comienzos del siglo XX de técnicas y modos tradicionales de gestión del agua".
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