Para Sánchez la economía española va como una moto, pero Feijóo dice que está estancada y en peligro de adentrarse en una crisis. Puede que ambos tengan parte de razón, pero es obvio que la de uno ha de ser mayor que la del otro. Pongámonos frente al cuadro de mandos de un buque de grandes dimensiones, cuya función es la de reunir en una pantalla toda la información relevante sobre estado de la nave y el rumbo de la navegación. Unos indicadores, los del crecimiento y el empleo están en verde, lo que significa que ambos se comportan adecuadamente y mejor que en el resto de Europa, aunque ello no signifique ausencia de amenazas.

La vigilancia ha de ser permanente y desde luego más profunda que la simple observación de las señales, no siempre capaces de advertir anomalías de funcionamiento. Por ejemplo, el dato de empleo. Existen estimaciones de paro encubierto superior a 700.000 personas tras la negativa del Gobierno a facilitar el dato ocupados sin actividad. Hay indicios de deficiencias estructurales ocultas en el mercado de trabajo tras la definición errónea de indicadores a raíz de la reforma laboral de 2022, como que el número de perceptores del subsidio de desempleo en Baleares sea superior en un 66% al de parados.

Las alarmas las transmiten los indicadores en rojo y son especialmente resplandecientes las de endeudamiento y déficit púbicos. El primero llegó a superar la barrera de los 1,6 billones (109,6% del PIB) el pasado mes de febrero, mientras que el segundo (53.000 millones de € en 2023) ha reducido su peso en el PIB (3,6%) a la mitad que en 2021, pero gracias en buena medida a la recaudación extraordinaria por la inflación (11.000 millones desde la pandemia, según el Banco de España) y a la resistencia de Hacienda a deflactar la tarifa del IRPF.

Precisamente el indicador de inflación es de los más desconcertantes. Cuando estuvo elevada en todas partes, aquí fue de las más reducidas del continente, pero la moderación observada desde el cuarto trimestre de 2023 en la UE contrasta con la resistencia a la baja de los precios españoles, cuyo IPC armonizado de abril (3,4%) ya figura entre los más elevados de Europa. En el cuadro de mandos de la economía española hay, por tanto, señales de normalidad que invitan al optimismo, pero también de alarma. Ignorar estas últimas y concluir que las primeras son suficientes para calificar la situación del conjunto como benigna parece un ejercicio de complacencia excesiva. Sobre todo si se tienen en cuenta otras variables no siempre explícitas en un cuadro convencional.

Tan importante como la intensidad del crecimiento es la forma en que se distribuye y los indicadores de desigualdad y pobreza no invitan precisamente al conformismo. Tampoco la evolución de la productividad o el futuro de las pensiones, así como el progreso en parcelas clave del sistema de bienestar, como la sanidad o la vivienda. Demasiadas alertas activadas como para pretender cerrar en positivo el debate sobre el estado de salud de la economía española. Sería un error de diagnóstico, tanto más preocupante por ser el responsable de resolver los problemas, es decir, el Gobierno, quien lo suscribe.