Las Corporaciones de 1930 y 1931

La caída de la dictadura en enero de 1930 arrastró la de la Corporación el 15 de febrero. El 26 tomó posesión la nueva cámara, formada por mitad de exconcejales y mayores contribuyentes, lo que en opinión del concejal Ricardo Casero Sanjuán, beneficiaba a los mayores contribuyentes. Hasta el nombramiento de alcalde por el gobernador civil, ejerció como alcalde interino Juan González Olmedo, el concejal de mayor edad.

El 17 de marzo se tuvo noticia de que el nuevo alcalde, nombrado por real orden, sería Miguel Cardona Juliá, algo que, en opinión de Casero, era incompatible por ser militar y “por haber sido teniente de alcalde con el ayuntamiento de la dictadura, aprobando proyectos de obras que, por considerarse ruinosos, está acordado revisar”. Esta protesta hubo de tener algún efecto, porque en la sesión del 14 de mayo quien actuó como alcalde fue Emilio Morilla Salinas.

En la sesión del 3 de marzo se puso de relieve el primer problema arrastrado de la anterior Corporación: el empréstito. Ante su envergadura, el alcalde propuso crear una comisión. Para Casero era un asunto que debía hacerse público, porque el préstamo “es ruinoso para el ayuntamiento, pues para pagar 3.890.000 pts., habrá que desembolsar 13 millones en 50 años”, por lo que pidió la celebración de un pleno extraordinario, con el fin de llegar a un acuerdo con el contratista y BCL, para realizar sólo las obras necesarias y reducir el préstamo.

El concejal Joaquín Bianchi Santacana leyó un escrito en el que decía haber sido “molestado y perseguido, hasta en asuntos de mis familiares”, porque dio largas sobre el asunto, que no se hizo durante su alcaldía.

Para él la operación no debió tolerarse, “[si] bien es verdad que nada podía oponerse, porque no se permitía exteriorizar opiniones sobre el particular” y que, aunque escribió una carta certificada al jefe provincial de la Unión Patriótica, nunca recibió respuesta.

Para él, de todas las obras previstas, la del mercado era la más urgente y se mostraba contrario a su nuevo emplazamiento en la carretera de Cádiz-Málaga, por su peligrosidad. Pensaba que su construcción en el lugar tradicional costaría mucho menos de lo presupuestado, no perjudicaría los intereses de los dueños de las casillas y de los industriales de su alrededor, y estaría en el centro de la población.

Sobre el matadero y la pavimentación de las calles decía que se podría esperar y no dudaba en arremeter contra lo que para él era “el destrozo que se ha hecho en el Paseo de Cristina, cuya contemplación produce verdadera tristeza”, aunque no irá contra el deseo de convertirlo en parque.

Para él las obras debieron hacerse una vez que “todos los ramos estuvieran perfectamente dotados”, porque los gastos previstos eran superfluos, caso de la decoración del salón de plenos, cuando la entrada de los enfermos en el Hospital Civil se denegaba so pretexto de que cuesta mucho su mantenimiento.

Por ello solicitó una inspección de las obras, para que, caso de que no fueran adecuadas, se rescindiera el contrato y sólo se llevasen a cabo las imprescindibles, tal como aconsejaba el nuevo gobernador civil, y con ello se podría reducir el préstamo, a lo que se adhirió la Corporación.

El concejal Bandrés pidió una fiscalización de la labor de los alcaldes de la dictadura, aunque a la hora de firmar el acta dijo que “no recuerda bien los extremos de la misma”. Él fue uno de ellos.

El 7 de marzo se volvió sobre el tema. Era evidente que los precios eran abusivos y que la operación bancaria, perjudicial, por lo que se pedía nombrar un letrado que asesorase al Ayuntamiento.

El 17 de marzo, el concejal Sebastián Simio Delgado dijo que: “se publique una memoria, haciendo constar la forma en que se le han administrado, por todos los ayuntamientos de la dictadura, que nos vino a moralizar. Que se proteste de haber creado al pueblo una deuda superior a su capacidad económica, para realizar obras innecesarias; muchas de ellas sin remuneración y tener que pagar entre intereses y otros gastos 4 veces más su verdadero valor”.

En lo político se criticaba la actuación de la Corporación anterior, caso del inspector veterinario municipal, que pidió justicia y reparación porque “fue separado de los servicios de matadero y laboratorio por sus manifestaciones contrarias al gobierno de la dictadura, no suscribiéndose al periódico órgano de este gobierno La Información, no contribuyendo a la suscripción que se hizo para un homenaje y otros actos de este orden”.

Pero el 14 de mayo de 1930 se produjo un giro sobre el tema del empréstito. La ausencia de ocho concejales críticos facilitó la aprobación del expediente de los créditos contraídos por la corporación.

Este asunto de las obras relacionadas con el presupuesto extraordinario volvió a mencionarse en la sesión del 20 de octubre, a causa de las inundaciones que sufrió la parte baja de la ciudad el día 17 y que la opinión pública achacaba a las deficiencias del nuevo alcantarillado, construido con cargo a ese presupuesto. Para el arquitecto municipal, su mal funcionamiento se debía a una mala ejecución y “un entorpecimiento inadvertido de algún particular”. Para el apoderado del contratista, las obras estaban bien ejecutadas y las inundaciones se debían a que “ha sido colocado un codo de 15 cm, por persona ajena al personal de la contrata, en la boca del colector que desangra en la dársena frente al establecimiento del señor Casero, medida insuficiente para la evacuación de aquella zona, sin licencia ni conocimiento del que habla”.

El 31 de octubre de 1930 se presentó el desglose de las obras llevadas a cabo por el presupuesto extraordinario y se dio lectura a una carta del BCLE, en la que se decía que no se podía abonar al contratista las cantidades certificadas de las obras ejecutadas, durante el mes de septiembre, porque el gasto admitido por la corporación era superior al límite fijado, por lo que la diferencia se pagaría el próximo año. El interventor dijo que ese no era un límite absoluto, sólo un cálculo, y que existe fondo para poder pagar al contratista, no solo la cantidad total, sino que podría invertirse el resto del crédito, por lo que el pleno acordó que pudiera invertirse la totalidad del préstamo.

La corporación republicana

El día 15 de abril, en la sesión inaugural de la Corporación, elegida tras las elecciones del 12 de abril de 1931, fue elegido Diego López Tizón como primer edil. Era oficial segundo de la corporación, de la que pidió su excedencia, que le fue concedida. En ella, como era de esperar, se retomó el controvertido tema lastrado de las Corporaciones anteriores.

Emilio Morilla Salinas, que fuera alcalde en la anterior Corporación, presentó su renuncia, que no se le aceptó al igual que la de Joaquín Bianchi Santacana, que la envió por carta, pero a diferencia de Morilla, que ya no aparecerá en ninguna nueva sesión, Bianchi sí continuará como edil.

Imagen de época de la Plaza Alta.

En esta sesión, uno de los nuevos concejales, Lino García Baquero, preguntó si él y Luis Ojeda Fernández, que fueron nombrados por el comité republicano como técnicos de las obras municipales, debían continuar con el nombramiento.

En la sesión del 18 de abril el alcalde pidió, mediante requerimientos notariales, al secretario y el interventor, que dieran fe de los asuntos pendientes y el nombramiento de una comisión que revisase todos los acuerdos de los ayuntamientos de la dictadura, con el fin de proponer la anulación de aquellos que se considerasen perjudiciales para los intereses de la población.

De las primeras inspecciones se van deduciendo los primeros sobrecostes. En el caso del nuevo mercado se gastaron 108.934 pts. y 4 cts. en vez de 15.250, lo que da una diferencia de 93.685 pts. y 4 cts., por lo que propuso declararlos lesivos, nulos, sin valor, ni efectos, que su pago se declarase indebido y que deberían presentarse querellas criminales, contra el alcalde que los ordenó, la comisión municipal, el secretario, el interventor y el arquitecto, como responsables de dichos pagos, por ser constitutivos de delito previsto por el Código Penal, autorizando al alcalde y al síndico, para que dieran un poder especial ante notario, para que un procurador pudiera ejecutar las acciones pertinentes y se le entregara al abogado y al procurador la documentación necesaria.

A propuesta de los concejales Sánchez y García Baquero se suspendió en sus cargos al secretario y al interventor, que asistieron a las sesiones en las que se aprobaron tales pagos. En la misma sesión, el concejal Ojeda propuso cubrir la plaza de oficial tercero de secretaría con Santiago Fernández Delgado, “quien siendo empleado de la dictadura fue perseguido y vejado, viéndose obligado por presión a dimitir del cargo”.

Sobre la inspección que tenía a su cargo, observó que la verja del parque, que debía ser de hierro y fábrica de ladrillos prensados, se había construido mayoritariamente de mampostería, por lo que preguntó si existía acuerdo de reforma del proyecto del parque, a lo que se contestó que no, por lo que puso una protesta para exigir responsabilidades sobre esta variación, que se llevó a cabo durante los ayuntamientos anteriores. Por ello propuso utilizar contra ellos los mismos argumentos que el alcalde fijara en la sesión del 29 de abril, con vistas a la reintegración de las cantidades invertidas.

Conclusiones

En lo política, si bien es cierto el predominio de la Unión Patriótica durante el Directorio Civil, también lo es la presencia de políticos, que cuando cayó la dictadura de Primo de Rivera, fueron las voces críticas con la corporación anterior.

En lo social, se documenta la existencia de unos funcionarios purgados y una parte de la población, que no duda en criticar las medidas salidas de unas corporaciones no representativas.

En lo económico, si bien no hubo dudas en apoyar el empréstito para posibilitar el desarrollo de los proyectos del programa de gobierno de 1929, esto cambiará en 1930 a la caída de la Corporación que lo proyectó, lo que se reflejará en la corporación que la siguió y será uno de los arietes de la campaña municipal que dará paso al primer ayuntamiento republicano.

Artículo publicado en el número 60 de Almoraima, revista de estudios campogibraltareños