El Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Granada, Jaén y Almería pagó hasta 2014 compras en el supermercado Hipercor, descargas de películas o gastos de portales de contactos y citas en internet, unos cargos que se contabilizaron de forma "oculta y a espaldas de los órganos colegiales". El uso de las cinco tarjetas black (por su opacidad) con las que se abonaban esos gastos personales se atribuye al que fue presidente de esa organización profesional durante diez años, Miguel Ángel Vílchez Pérez, que también estuvo al frente el Consejo Andaluz de Colegios de Gestores en sus primeros años. 

El expresidente de los gestores andaluces  será juzgado por estos hechos los días 7 y 8 de enero en la Sección Segunda de la Audiencia de Granada por un supuesto delito continuado de estafa y podría ser condenado a seis años de cárcel, si el tribunal confirma la petición de la Fiscalía, que también reclama su inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión, oficio, industria o comercio directamente relacionados con la administración y gestión de caudales. 

Según el escrito de acusación del fiscal, Vílchez Pérez disponía de cinco tarjetas de débito-crédito bancario que se encargaron sin la aprobación de los órganos colegiados de la corporación profesional. "Estaban bajo la posesión física del acusado", explica el ministerio público, que detalla un procedimiento de contabilidad de los gastos derivados de esas tarjetas claramente encaminado a ocultar la naturaleza de los importes. 

Las irregularidades detectadas comenzaron en 2006, cuando el acusado ordenó crear una cuenta para gastos del presidente que supuestamente utilizaba para pagar sus viajes a Sevilla y Madrid, cuando acudía al Consejo General del Colegio de Gestores y al Consejo Andaluz (lo presidió desde 2007 a 2011). El fiscal explica que la idea inicial era cubrir sus gastos con esa tarjeta para luego reembolsarlos cuando se lo pagaran esos otros órganos. Pero ya entonces logró encubrir esos importes al meterlos en una contabilidad de "colegiados deudores" en la que era imposible separar los gastos del presidente de los impagos de otras personas. 

Expone la Fiscalía que el acusado "adquirió tan confianza de impunidad" que en el año 2008 y hasta el 2014, cuando abandonó el cargo, "con el ánimo de obtener ilícito beneficio", comenzó a "cargar también sus gastos personales, gastos que eran contabilizados de manera oculta y a espaldas de los órganos colegiales". 

En aquellos seis años constan en los extractos de esas tarjetas opacas diversas compras en Hipercor y El Corte Inglés, pago de sanciones de tráfico, descarga de aplicaciones informáticas y de películas o "pagos a portales de contactos y citas, como Match Meetic". Además, el acusado también utilizaba las tarjetas y las cuentas del Colegio de Gestores para hacer retiradas de dinero en efectivo en cajeros o pagar gasolina, una vez en el Aeropuerto de Manises (Valencia). En total, los importes no justificados se aproximan a los 75.000 euros.

Explica el escrito fiscal que una vez "descubierto el fraude", el 31 de julio de 2014 el presidente presentó su dimisión con la entrega posterior de un documento en el que reconocía los hechos y unas cuantías apropiadas por valor de 56.000 euros. Se comprometió entonces a su devolución antes del final de ese año 2014, pero consta en el escrito fiscal que no lo ha hecho hasta la  fecha.