La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha sido designada presidenta de la Comisión de Vivienda y Urbanismo de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) que, constituida esta mañana en Madrid, asume para el mandato 2023-2027, entre otros objetivos, ofrecer “una respuesta adecuada al problema de la vivienda” mediante la implantación de una política coordinada con todas las administraciones públicas.

La Comisión de Vivienda y Urbanismo de la FEMP pasa así a estar presidida por la máxima responsable municipal granadina mientras que la vicepresidencia ha recaído en el alcalde de Lleida, Félix Larrosa i Piqué y cuenta con un total de 23 vocales representantes políticos de los ayuntamientos, diputaciones, consejos y cabildos insulares españoles.

Declarada Asociación de Utilidad Pública e integrante del Consejo de Municipios y Regiones de Europa (CMRE), la FEMP tiene entre sus “fines principales” la defensa de la autonomía de las entidades locales, así como su representación ante otras administraciones públicas y la prestación de “toda clase de servicios a las corporaciones locales”.

Carazo ha subrayado que la Comisión de Vivienda y Urbanismo supone una “enorme responsabilidad” en la medida en que asume los acuerdos adoptados en el XIII Pleno de la FEMP, celebrado el pasado septiembre. En este sentido, la Comisión aprobará en su sesión constitutiva un plan de trabajo dirigido a impulsar los proyectos y medidas dirigidas a llevar a buen término los diferentes objetivos aprobados, entre los que destacan el impulso de Planes de Acción Local para la Agenda Urbana Española, el cumplimiento del Pacto Verde Europeo dirigido a la reducción de las emisiones netas de gases de efecto invernadero en, al menos, un 55 por ciento para 2030, y el impulso de políticas para fomentar la rehabilitación edificatoria, la regeneración y la renovación urbanas.

El compromiso por el uso de las energías renovables y el autoconsumo para contribuir así a reducir la dependencia energética y disminuir las emisiones de CO₂ y la necesidad aportar soluciones urbanas integradoras e inclusivas que contribuyan a mantener el equilibrio económico y social en las ciudades, en particular, en sus centros históricos, son otros de los objetivos previstos para el presente mandato.

Especial atención ha prestado la alcaldesa a la necesidad de adoptar soluciones para reforzar la seguridad jurídica en el planeamiento urbanístico local, en tanto que es el instrumento que permite a los responsables municipales ordenar el uso del suelo y regular las condiciones de su transformación”, por lo que “vamos a impulsar las acciones necesarias que eviten controversias en los desarrollos urbanísticos en la administración local”.

Por último, cabe destacar el reto asumido por la comisión para dar respuesta al problema de la vivienda, para lo que se impulsarán políticas de vivienda planificadas y eficientes, en las que previamente se analizan las necesidades de la población y se propondrán soluciones adecuadas en función de cada ciudad”.