CSIF conmemora este primero de mayo con preocupación y firmeza ante la parálisis del Gobierno, la inestabilidad política y los problemas sociales: la ausencia de Presupuestos Generales del Estado, los elevados precios en la cesta de la compra, el encarecimiento de la vivienda, la precariedad laboral que afecta fundamentalmente a jóvenes y mujeres, la falta de perspectivas en la clase media o el bloqueo generalizado de los servicios públicos son una muestra de ello.

Nuestro sentido crítico, de responsabilidad y denuncia nos lleva a reclamar empleo de calidad y mejoras salariales, refuerzo de plantillas en los servicios públicos que sostienen el Estado de Bienestar como la Educación, Sanidad, Justicia o Seguridad Social, así como una jubilación digna para los trabajadores de nuestro país.

En la actualidad, el 26,6% de los españoles está en riesgo de pobreza o exclusión social. Según la Encuesta de Condiciones de Vida del INE, la población con carencia material y social severa escaló hasta el 9%, la tasa más alta desde 2015, y casi la mitad de los hogares no tiene margen para afrontar gastos imprevistos del día a día.

En CSIF valoramos la evolución al alza en el empleo, sin embargo la reforma laboral sigue amparando situaciones de precariedad y maquilla la cifra de parados entre los contratos fijos discontinuos por lo que la tasa de desempleo sigue siendo una asignatura pendiente. Además, el análisis del paro mensual nos indica que el mercado laboral continúa dependiendo del sector de la hostelería y servicios, frente al tejido industrial y tecnológico. Lejos de caer en el triunfalismo, reclamamos una reforma en profundidad de nuestro sistema productivo para poner fin a estas debilidades históricas.

Los servicios públicos y sus trabajadores no pueden aguantar mucho más la parálisis política del Ejecutivo. Es vital poner en marcha las diferentes mesas de negociación a nivel autonómico y nacional para afrontar los problemas estructurales de nuestras administraciones públicas: recuperar la estructura salarial perdida; eliminar la tasa de reposición y desarrollar un plan de recursos humanos que cree empleo estructural, lejos de la temporalidad que azota a las plantillas de las administraciones, entre otras medidas. En esta fecha, seguimos recordando que los empleados públicos arrastramos una pérdida de poder adquisitivo superior al 20 % desde 2010 y que se ha visto incrementada en más de un 6% en los dos últimos años a consecuencia del acuerdo firmado entre los sindicatos de clase y el Gobierno y que CSIF no suscribió por considerarlo insuficiente.

En este sentido, y como venimos denunciando desde hace ya demasiados años, la Ley Orgánica de Libertad Sindical permanece prácticamente inalterada desde su redacción, privilegiando a los sindicatos de clase. Por eso urge una reforma de esta Ley que posibilite un escenario plural y acorde a la realidad del siglo XXI con la entrada de sindicatos independientes como CSIF en el diálogo social.

Queda mucho camino que recorrer tanto en el ámbito público como en la empresa privada para comenzar a hablar de empleo digno y de calidad. Como sindicato independiente, que no responde a dictados de ningún partido político, seguiremos alzando la voz gobierne quien gobierne para devolver a la ciudadanía a la posición que le corresponde en materia de bienestar, igualdad, justicia social y empleo.

Es hora de frenar el deterioro de nuestros servicios públicos, por nuestros profesionales, por la ciudadanía, porque cuando sumamos esfuerzos multiplicamos resultados.