El Juzgado envía el caso Serrallo a la Audiencia para su juicio en 2019

El primer gran caso de presunta corrupción durante el gobierno de José Torres Hurtado en la ciudad de Granada, el de la construcción de una discoteca en el Serrallo, va a salir en estos últimos días del año rumbo a la Audiencia Provincial, el órgano judicial que deberá enjuiciar a los 17 acusados de esta importante causa, posiblemente a lo largo de 2019.

La jueza María Ángeles Jiménez, que inició la investigación de este asunto a comienzos de 2014, ha dado ya por concluido su trabajo mediante una providencia firmada justo antes de Navidad (el pasado domingo, 23 de diciembre). En la resolución, la titular del Juzgado de Instrucción 2 de la capital ordena remitir a la Audiencia Provincial todo el procedimiento, “junto a las piezas separadas correspondientes, para que procedan a su reparto”.

De este modo, la magistrada pone fin a la fase intermedia de esta causa, que abrió el 11 de febrero de este año, cuando dictó el auto que ponía fin a los cuatro años de investigación del caso. En estos meses se han concretados las acusaciones contra los 17 procesados por la “muy grave actuación de especulación urbanística de las zonas verdes de la ciudad” (tal y como recogió el auto), y se han establecido las fianzas, que suman 2 millones de euros.

Torres Hurtado será el primer alcalde democrático de la ciudad que tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados cuando la Audiencia de Granada reparta el asunto a la sección penal correspondiente y se forme el tribunal encargado de este espinoso juicio, en el que confluyen intereses políticos, dada la proximidad de las elecciones municipales, en mayo de 2019. Está por ver si el órgano judicial provincial llega a tener tiempo suficiente para que el proceso se celebre antes de la cita electoral.

Este caso no sólo pone en tela de juicio la gestión de Torres Hurtado y de su concejal de Urbanismo, Isabel Nieto, (dos personas retiradas de la política en estos momentos, debido al cerco judicial de ésta y otras causas abiertas). También se sentarán en el banquillo casi todos los miembros de aquel gobierno del PP en julio de 2012, cuando se aprobaron las condiciones para la apertura de la discoteca en terrenos que estaban reservados para un parque infantil.

Y algunos de ellos sí siguen en la política activa. De hecho mantienen todavía su acta de concejal en el Ayuntamiento de Granada, lo que ha provocado cierta controversia, dada la política que –sobre el papel– mantiene el PP de obligar a sus cargos a retirarse cuando se les abre juicio oral por asuntos relacionados con corrupción.

En el auto judicial de mayo pasado, que ordenaba la apertura de juicio, la jueza Jiménez incluyó a las 17 personas que hasta entonces habían sido investigadas, entre ellas el empresario Roberto García Arrabal y los nueve concejales del PP que votaron a favor de los nuevos usos de la parcela. María Francés, Telesfora Ruiz, Juan Antonio Fuentes, Juan García Montero, Francisco Ledesma y Fernando Egea son los 6 concejales que se mantienen en la capital en representación del PP; mientras que Juan Antonio Mérida y Vicente Aguilera dejaron el Ayuntamiento tras las elecciones de 2015, aunque este último es en la actualidad teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Ogíjares.

La situación de los concejales pareció despejarse cuando tanto el Ayuntamiento como la Fiscalía decidieron excluirlos de sus respectivos escritos de acusación presentados ante el juzgado. Sin embargo, el auto de apertura de juicio oral sí los mantuvo, dado que tanto las acusaciones populares –Vox y General de Galerías Comerciales– como la acusación particular ejercida por el funcionario denunciante Juan Santiago Pineda mantenían en sus respectivos escritos penas de prisión por supuesta prevaricación urbanística contra los nueve concejales.

Ahí aparece otra de las implicaciones políticas de este caso, dado que es Vox (partido que podría facilitar al PP el próximo Gobierno de la Junta de Andalucía) el que ha tenido una posición más activa en la acusación de este caso. De hecho, fue esta formación la que solicitó a la jueza en 2017 que no pusiera fin aún a la instrucción y que ampliara el número de delitos e imputados, entre ellos el exalcalde y los miembros de la junta de gobierno, que hasta ese momento no formaban parte de esta investigación, más centrada al principio en el promotor, en los técnicos y en la concejal de Urbanismo.