La acusación popular pide 2 años de cárcel y 10 de inhabilitación para Paco Cuenca por los cursos de formación

El político socialista Paco Cuenca, ex alcalde de Granada, que en octubre pasado fue procesado por un Juzgado de Sevilla por su labor como antiguo delegado de Innovación de la Junta de Andalucía en la adjudicación de contratos de inspección de cursos de formación profesional, se enfrenta a la petición de 2 años de cárcel y otros 10 de inhabilitación para empleo o cargo público que ha formulado contra él la acusación popular del Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF).

Junto a otras 18 personas, la mayoría antiguos cargos de la Consejería de Economía e Innovación y sus delegaciones provinciales en toda Andalucía, Paco Cuenca está a la espera de que las distintas partes del caso que investiga el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla presenten sus escritos para pedir al juez la apertura de juicio oral o el sobreseimiento. Todo ello después de que el instructor José Ignacio Vilaplana decidiera en octubre pasado que había indicios delictivos para transformar la causa en procedimiento abreviado, un auto que ha sido recurrido por algunas de las numerosas defensas.

El SAF, denunciante original de este asunto, se mantiene en la causa como acusación popular y ya ha formulado sus acusaciones contra los 19 procesados. Al anterior alcalde de Granada lo considera autor de dos delitos: usurpación de funciones públicas y prevaricación administrativa, lo que llevaría aparejadas las penas de dos años de cárcel, por el primero, y una década de inhabilitación por el segundo.

Como a otros dirigentes de la Junta de Andalucía entre los años 2010 y 2012 (Cuenca fue delegado en Granada de la Consejería de Innovación), el sindicato los acusa de "usurpar" tareas de control e inspección de cursos de Economía Social que están reservadas en exclusiva a los funcionarios, así como de contrataciones irregulares a empresas o particulares con contratos fraccionados, sin transparencia y de forma "concertada" para "privilegiar" a los contratistas seleccionados.

En el escrito de acusación al que ha tenido acceso este periódico, esta parte pide la apertura de juicio oral contra 19 personas por su posible participación en 5 delitos: usurpación de funciones públicas, prevaricación, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos, fraude en la contratación y falsedad documental.

En el caso particular de Paco Cuenca, el SAF solo lo responsabiliza de los dos primeros ilícitos, de modo que sus penas serían más ajustadas, en relación a otros acusados, como los cargos de la Junta en Málaga, que se enfrentarían a penas de hasta 8 años de prisión y 23 de inhabilitación.

Según el escrito de esta acusación, "consta en autos que Francisco Cuenca Rodríguez, habría efectuado la ilícita contratación de los servicios de seguimiento, control y verificación de la ejecución de los cursos de formación profesional para la Economía Social en Granada durante los años 2010 y 2011". Y esto, según continúa el relato de hechos, mediante "la adjudicación directa de los servicios" mediante un procedimiento como contrato menor, de "manera fraccionada".

El sindicato introduce el delito de prevaricación por las presuntas "irregularidades en el proceso de contratación, del que cabe deducir la arbitrariedad y falta de justificación del mismo". La Guardia Civil constató en un atestado que una de las contratadas era una cooperativa formada por tres trabajadores de una empresa pública vinculada a la misma Consejería de Economía e Innovación (Tragsa). Es decir, personal laboral que trabajaba en la misma sede y que era de "confianza" de los altos cargos de la Consejería que adjudicó estos contratos de inspección.

La cooperativa se constituyó un mes antes de la adjudicación, sin cumplir los requisitos legales para ello, y cobró las facturas del servicio antes incluso de haber concluido los trabajos y las inspecciones, que tampoco quedan suficientemente acreditados, según los datos de la investigación.

Sobre las posibles irregularidades de estas contrataciones consta también un informe del interventor de Granada, que puso de manifiesto su disconformidad con la forma de actuar en la Delegación.

Durante las declaraciones judiciales, tanto Cuenca como el antiguo jefe de servicio de la Delegación en Granada expusieron que las indicaciones para proceder en esos contratos le llegaron de Sevilla a través de unos correos electrónicos de las responsables de la Dirección General de Economía Social. En esos documentos se llegaba a señalar el nombre de las empresas que podrían ser adjudicatarias.

Con este escrito de la acusación popular sobre la mesa del juez Vilaplana, tanto Cuenca como el resto de acusados tienen casi garantizado que tendrán que sentarse en el banquillo de los acusados. Todo ello pese a que está aún pendiente conocer la posición de la Fiscalía, que meses antes del cierre de la instrucción hizo un informe en el que pedía el sobreseimiento de la causa para Cuenca (solo respecto al delito de usurpación de funciones) y la apertura de nuevos procedimientos en sus juzgados provinciales correspondientes, para investigar las supuestas irregularidades en las contrataciones de empresas.

Pero el juez Vilaplana no atendió a esta petición de la Fiscalía y optó por procesar a 19 investigados por todos los hechos investigados, incluida la supuesta adjudicación irregular de contratos a empresas y particulares "de confianza".

Ese auto del juez del 2 de octubre ha sido recurrido por algunas de las partes del proceso, de modo que será la Audiencia Provincial de Sevilla la que decida si el procedimiento debe seguir adelante o, por el contrario, cabe hacer alguna modificación. Aunque en teoría estos recursos no paralizan el normal desarrollo del procedimiento, en la práctica este mismo caso ha quedado otras veces al ralentí a causa de varios recursos, incluido uno presentado por Paco Cuenca que fue rechazad por la Audiencia de Sevilla.